Pedido de orden de detención al juez Miguel Aranda: los hechos investigados por los fiscales
Irregularidades, favores e "intencionadas" decisiones judiciales, entre algunos de los hechos investigados por los fiscales que solicitaron el pedido de detención del juez federal de Sáenz Peña.
Los fiscales federales Diego Iglesias, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad pidieron esta mañana la detención del juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, acusado de "encubrir" y "brindar protección" al Clan Sosa.
En los hechos presentados por los fiscales como pruebas del accionar irregular por parte de funcionarios de Gendarmería, bajo el conocimiento y la intervención del juez federal Miguel Aranda, el escrito señala al primero de ellos el 20 de agosto de 2020.
Según se detalla en el pedido del Ministerio Público fiscal, aquel día el Sargento Diego Martín Dutra notó el faltante de mercadería, cajas de cigarrillos y mercadería de contrabando, secuestrada por el Escuadrón N°1 "Sáenz Peña", hecho que comunicó al segundo comandante, Raúl Scheurman.
En ese contexto, según las pericias realizadas en los teléfonos de los gendarmes, la investigación señaló que Scheurman contestó que "resolvería el tema", y conseguiría los oficios para "la supuesta quema de la mercadería y la donación correspondiente". Debido a los mensajes intercambiados, los fiscales federales coinciden en que el segundo comandante dio por "manejada" la situación, cuestión que "permite vislumbrar un vínculo entre quien tenía la decisión final en cuanto a la quema o donación de mercadería secuestrada, es decir el Juez Federal Aranda".
Más tarde se vincularía este hecho con la declaración de un hombre que manifestaría que el juez Aranda mantenía comunicación con Walter Darío Ayala, otro de los hombres de los cuales se solicitó la detención. Según este testimonio, el propio Ayala habría manifestado que "habló con el juez Aranda en dos ocasiones, y que en una oportunidad fueron a cenar juntos".
En esa línea, Aranda le habría manifestado que "porque tenía mucha ropa y cigarrillos secuestrados", y se los iba a dar para vender afuera. En cuanto a esto, los fiscales entienden que habría "un posible accionar organizado", que vincularía ambas situaciones.
Más adelante, el escrito menciona un nuevo hecho, fechado en el 12 de junio de 2020, que tiene como involucrados a los gendarmes Cristian Daniel Marangón, Raúl Scheurman, Enzo Gabriel Aguirre y Marcelo Vidal Palma, quienes habrían dejado sin efecto un acta de infracción, favoreciendo el entorno familiar del juez Aranda.
Según se detalla, el camión en infracción pertenece a Martín Rafael Raimundo y Galissier Clarisa Daniela, cuñada de Aranda. En este contexto, los fiscales interpretan un "intercambio de favores", entre los gendarmes y el juez federal de Sáenz Peña, acusado de brindarles protección.
En los mensajes de texto entre los gendarmes, analizados en la investigación, se constata que Cristian Marangón le dijo a Scheurman, que anule un acta de infracción, ya que el vehículo pertenecía a Aranda. A su vez, manifestó que este acto "no se comparaba con lo que le sacaban al Dr. Aranda". Finalmente, el camión fue liberado.
En otra línea de la investigación, se mencionan sucesivas declaraciones judiciales, en las que "favoreció" la situación procesal de Marangón, dentro de una causa. A su vez, dictó falta de mérito dentro del proceso respecto de Cristian Daniel Marangón, Julio César Perdaza y Yésica Yanina Aguilar.
Ante esto, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró la nulidad de la resolución presentada por Aranda, afirmando que no se conocen los motivos por lo que se dictaba falta de mérito. Así, se le ordenó que dicte un nuevo pronunciamiento.
El 6 de abril de este año, Aranda persistió en el auto de procesamiento y las faltas de mérito en una nueva resolución. Nuevamente, se declara la nulidad de la falta de mérito sobre Marangón y Perdaza y se decidió apartar a Aranda.
Los fiscales toman este hecho como evidencia clara de que el juez federal de Sáenz Peña, valiéndose de su condición de magistrado, "favoreció procesalmente a uno de sus subordinados en la organización", Cristian Marangón.
En otra línea, se habla de una "presunta concesión de beneficios de excarcelación y de prisión domiciliaria" a cambio de un "pago". Esto deviene de las declaraciones de un hombre que se encontraba preso en una causa relacionada a la posesión de estupefacientes.
Este hombre declaró que obtuvo la prisión domiciliaria y en ese contexto, el 18 de junio de este año, sufrió "abuso de autoridad e intento de cobro compulsivo". Según el informe de los fiscales, el hombre declaró que, tras su salida de la cárcel, un gendarme apodado "Talibán" y una mujer uniformada de la Policía del Chaco habrían ido a su casa en nombre de Aranda a exigirle un pago por la obtención de la prisión domiciliaria que le habría sido otorgada días antes.
Según se detalla, la situación se tornó violenta con la presencia de un arma de fuego y un disparo al suelo.
En este contexto, se presume que Walter Ayala, sería la persona señalada por el testigo y también "tendría contactos con miembros de la justicia, personal de la Unidad Penal 11, el jefe de legales, y con otras fuerzas de seguridad".
En cuanto a la presunta concesión de beneficios de excarcelación y de prisión domiciliaria por parte del juez Aranda, se destacó que los imputados "beneficiados" por este supuesto accionar, presentaban los mismos abogados defensores. Sin embargo, se señala que esto se encuentra pendiente de verificación.
Como otro de los hechos contrastados por los fiscales, se señala una "presunta filtración de información judicial" en una causa contra Ana María Flamenco. Según se detalla, se habría puesto en sobre aviso a los investigados, frustrando el resultado y finalidad de los procedimientos de allanamiento, secuestro y detención, facilitando la fuga de los investigados.
Estos allanamientos fueron realizados el 28 de abril de 2022, 23 de septiembre de 2022, 26 de septiembre de 2022 en Sáenz Peña.
En los allanamientos del 28 de abril había orden de detención de Flamenco Ana María, Sosa Ariel Alberto, Lía Vanesa Ruth Paz, Mariela Alejandra Sosa, Sergio Omar Fernández, Lucas Matías Sosa y Hugo Sebastián Sosa, solicitados por Aranda.
"Los imputados contaron con información privilegiada que les permitió sustraerse de la acción de la justicia antes de concretarse los allanamientos, el único que permaneció el su domicilio fue Lucas Sosa, circunstancia que permite inferir que tenía conocimiento de que se habían efectuado los libramientos sin ordenarse su detención", afirmó el oficio.
El 23 de septiembre la orden de allanamiento incluía la detención de Mauro Hernán Pacheco y Hernán Eduardo Acosta. "En estos allanamientos nuevamente no fueron habidas las personas que tenían pedido de detención, quienes se habrían encontrado alertadas de ante mano sobre los procedimientos", expresó el informe.
Mientras que, en los allanamientos concretados el 26 de septiembre, el pedido de detención recaía sobre Daiana María Belén Forlin Duran y de Iris Marisa Fernández, considerando la posible vinculación con los investigados y la intención de obstruir la justicia.
"Las sindicabas fueron habidas al momento de los allanamiento, encontrándose una de ellas en el trabajo y la otra en su domicilio, la situación irregular constatada en este caso fue que, durante la vigilancia previa dispuesta por la Fiscalía en el domicilio de Puerta del Sol a cargo de la UNIPROJUD, fuerza de seguridad interviniente en la causa, se observó que personas del GOIP, dependiente de Gendarmería Nacional, se encontraban en el lugar aparentemente tomando fotografías y que al ser identificados, se retiraron", indicó el oficio.
Finalmente, se indicó como último hecho la presunción de que Aranda conformaría una asociación ilícita junto a Cristian Daniel Marangón, Ana María Flamenco, Raúl Sheurman, Alberto Martín Farías, Martín Rafael Raimundo, Clarisa Daniela Galissier, Walter Darío Ayala y otras personas. Esto con la finalidad de brindar "protección" y beneficios procesales para el desarrollo de las actividades delictivas.
"Para cometer estos ilícitos Aranda se valdría de su condición de Conjuez a cargo nada menos que del Juzgado Federal de Sáenz Peña, en el marco del cual lo denominan "EL JEFE", y desde tal posición de jerarquía y poder articularía las conductas desplegadas por los demás imputados que bajo sus directivas y en lugares que serían funcionales a los objetivos de la empresa delictiva montada, lo que permitiría la actuación indiscriminada de aquellos para el desarrollo de las maniobras ilícitas por las que fueron investigados y, también, se avalaría la concreción de otras que tendrían lugar por la falta de cumplimiento de su labor como único magistrado de instrucción con competencia federal en la localidad", afirmaron en el oficio.
Por otra parte, "los integrantes de las fuerzas de seguridad imputados, eran los ejecutores de los planes ilícitos, para lo cual –en uso y abuso de su posición de funcionarios públicos- llevaban a cabo todo tipo de delitos necesarios para la obtención de los beneficios que favorecerían a todos, ya sea para reducir secuestros, conseguir prisiones domiciliaras, liberar caminos o rutas por donde pasaba mercadería sin los correspondientes avales o autorizaciones, entre otras conductas ilícitas indeterminadas".
Mediante estos hechos enumerados por el Ministerio Público Fiscal, se solicitó la detención del juez Aranda, junto los gendarmes Alberto Martín Farías, Cristian Daniel Marangón, Raúl Ernesto Sheurman, Enzo Gabriel Aguirre, Clarisa Daniela Galissier, Martín Rafael Raimundo y Ana María Flamenco. Al igual que la de Walter Ayala.
