La fiscal Arechavala le había iniciado un sumario a su ayudante por "pérdida de confianza" hace 3 meses
El Ministerio Publico Fiscal del Poder Judicial del Chaco emitió un comunicado donde aclaró algunas cuestiones en el marco de las investigaciones que sindicaron al ayudante fiscal Ariel Peña como lider de una organización que involucra policías, narcos y miembros de la Justicia.
El Ministerio Publico Fiscal del Poder Judicial del Chaco emitió un comunicado donde aclaró algunas cuestiones en el marco de los allanamientos realizados en Sáenz Peña, Castelli, Tres Isletas y Fuerte Esperanza por una investigación cuyo fundamento es una supuesta asociación ilícita e infracción a la ley de estupefacientes que involucra a personal policial de la provincia y miembros de la Justicia. Dicha organización delictiva tendría como líder al ayudante fiscal del Fuero de Narcomenudeo, Ariel Peña, quien desempeñaba sus funciones en Castelli, y cuyas actuaciones eran dependientes de las Fiscalías Antidrogas N° 1, a cargo de Andrea Natalia Lovey Pessano; y N°2 a cargo de la María Eugenia Arechavala Viola, ambas con asiento en Resistencia.
La institución judicial remarca que el 21 de julio de este año, la fiscal Arechavala inició un sumario administrativo contra Peña por "pérdida de confianza", y se agrega que actualmente "se encuentra en trámite ante las autoridades correspondientes". Posteriormente, el 26 de septiembre la letrada aportó información sumaria "encontrándose en etapa investigativa en la Fiscalía Antidrogas N°2".
En igual sentido, se señala que "no se encuentran involucrados en hechos delictivos alguno, ninguno de los demás integrantes del Fuero de Narcomenudeo".
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal resalta "el excelente e impecable labor efectuado por los integrantes del Fuero de Narcomenudeo, quienes con valentía y dedicación se encargan, día a día y noche tras noche, a combatir el flagelo de la droga en la provincia del Chaco. Que dicho fuero, además, trabaja de manera mancomunada con los vecinos de las distintas circunscripciones judiciales, quienes a través de sus denuncias anónimas dan a conocer los puntos de ventas de estupefacientes, siendo tal información cursada a las distintas fuerzas de seguridad, para su posterior investigación y sanción".
