Acusan de "prevaricato" a dos juezas que fallaron a favor de que Riera continúe ejerciendo su cargo de jueza
La denuncia se inició luego de que dos juezas hayan firmado un fallo en el que le otorgaba a Noemí Riera permanecer en su cargo a pesar de tener 70 años.
El pasado 1 de agosto el abogado Paulo Pereyra denunció de manera formal a la presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Noemí Riera por el supuesto delito de "usurpación de autoridad".
La denuncia se inició luego de que dos juezas hayan firmado un fallo en el que le otorgaba a Noemí Riera permanecer en su cargo a pesar de tener 70 años. Es así que el accionar penal recayó hacia Gloria Silva y Dolly Roxana De Los Ángeles Fernández.
En este caso el letrado Pereyra planteó en su escrito que serían "cómplices primarias" de la "usurpación de autoridad", precisamente el cargo que ejerce Mercedes Noemí Riera de 71 años de edad. A su vez, el fallo de las dos magistradas se encuadra en el delito de "prevaricato" y tanto Fernández como Silva son "coautoras".
En esta ocasión se supo que el pasado 22 de agosto en la denuncia que se ejecutó por "prevaricato" la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en voto dividido, hizo lugar a un amparo en favor de la jueza Riera al declarar "inconvencional" un artículo de la ley que reglamenta el nombramiento de jueces.
"La camarista continúa ocupando de facto tal cargo a pesar de contar con 71 años de edad y sin rendir un nuevo concurso -como manda La Ley de Leyes: la Constitución-, ello a través de la venia ilegal lograda a través de la utilización del sistema judicial para intereses ajenos a lo establecido por la Constitución Provincial y Nacional. En el caso: sus pares camaristas Gloria Silva y Dolly Fernández", cuestionó Pereyra.
En esa línea, el escrito advierte que: "La complicidad primaria, es apoyada en la denuncia por la Sentencia N°132 de Silva y Fernández ya que prestaron -y prestan- un auxilio sin el cual el delito de delito de usurpación de autoridad, que tiene como autora a la camarista Riera, no seguiría en pleno curso de ejecución".
Asimismo, la denuncia penal señala ese fallo -auxilio a la jueza de facto-, para Pereyra- que provocó la denuncia por la presunta co-autoría en el delito de "prevaricato", "Abusando claro, de la función jurisdiccional para desvirtuar y contrariar el sentido de la ley madre local".
Por otro lado, Paulo Pereyra hizo una observación y mencionó: "Reviste una gravedad institucional sin precedentes, ya que crea una inseguridad jurídica que mueve los cimientos del Estado de Derecho en nuestra provincia -con réplicas que dan cuenta de un pronóstico desolador a niveles jurídicos y sociales-. Ya no podemos confiar ni siquiera en la letra de la Constitución, porque los encargados de velar por su cumplimiento podrían darle la interpretación que mejor le parezca de acuerdo a los intereses del momento, los cuales, como en el hecho que dan lugar a la presente denuncia, no concuerdan con el de nuestro sistema democrático y republicano".
A su vez, el abogado consideró que la decisión judicial "crea una Constitución paralela -que viola la vigente- de acuerdo a sus propios antojos e intereses -que deben ser exhaustivamente investigados-".
¿Qué establece el artículo 269 del Código Penal? Reprime al "juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas (…)".
Finalmente, el letrado Pereyra sostuvo que: "La decisión a la que arribaron las denunciadas en su dicha Sentencia, se basa en fundamentos e interpretaciones totalmente alejadas de lo que dicta la norma, aplicando incluso principios actuales en materia de Derechos Humanos sin ningún tipo de concatenación con los hechos reales. Y la ley invocada por las partes -incluso por el voto de la mayoría, pero con un sentido antojadizo-, es la Constitución Provincial y la ley que reglamenta su ejercicio".
