Patricio Sabadini rechazó excarcelaciones y pidió cambiar la carátula de los policías detenidos
El día miércoles se conoció que los policías se abstuvieron de declarar y que todos los imputados presentaron su pedido de excarcelación.
Seis días pasaron desde que la jueza federal de Resistencia N° 1, Zunilda Niremperger ordenó que se realice un allanamiento en la Comisaría Duodécima por una supuesta connivencia entre agentes de la Policía del Chaco y vendedores de droga.
A la vez, la connivencia hace relación a que había zonas liberadas por los efectivos policiales además de la entrega de estupefacientes por parte de los narcos a los policías para utilizarla en operativos. Hasta el momento son cuatro las personas detenidas, tres de ellos policías y una mujer de Civil.
Los allanamientos también se realizaron de manera simultánea en las viviendas de los agentes detenidos; Rubén Alberto Molina, Matías Josué Frete y Leandro Gabriel Cocco, como así también de la mujer que fue identificada como De La Cruz Ester Pereña.
Claro está que con el pasar de las horas y de los días la investigación fue avanzando. Es por eso que desde la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini rechazaron excarcelaciones y pidió cambio de carátulas.
Según los documentos a los que accedió Diario TAG, el representante del Ministerio Público Fiscal del fuero federal precisó que, si bien ambos tienen domicilios fijos en Resistencia y viven con familiares, "considerando la complejidad de la causa y el estado en se encuentra la misma, tales elementos no permiten desvirtuar el riesgo existente".
Además señaló que "la especial gravedad de los delitos que se le imputan es un parámetro al que debe atenderse al momento de resolverse sobre la procedencia del beneficio de que se trata, ya que atento la naturaleza y severidad de la pena prevista para el delito que se le atribuye, se presenta como posible que el imputado una vez excarcelado intente evadir la acción de la justicia, ante el pronóstico de una futura pena grave y de efectivo cumplimiento, o antes bien intentar entorpecer la marcha de las investigaciones frustrando de esta manera los fines del proceso".
"La mecánica fraudulenta, aquí investigada, cuenta con la intervención funcionarios públicos – personal de la Policía de la provincia del Chaco-, lo que les ha permitido dirigir las maniobras delictivas y lo que los coloca en una posición susceptible de afectar el curso de la investigación, por poseer los medios económicos, información privilegiada y los contactos como para entorpecer la labor investigativa, a través de la influencia que puede ejercer sobre posibles testigos, presionándolos directa o indirectamente para ser beneficiados con sus testimonios, a lo que debe agregarse el riesgo concreto que existe en la manipulación o sustracción de documentación necesaria para la causa", recordó el fiscal federal.
Seguidamente, Patricio Sabadini se refirió particularmente a las penas que le juzgarían a los imputados. En el caso del policía "iría de cinco a más de veinticinco años y de acuerdo a la calificación legal expuesta podría corresponderle al imputado una pena superior a los ocho de pena privativa a la libertad". Por su parte, para la mujer civil se "prevé una escala penal de cuatro a veintiún años y de acuerdo a la calificación legal expuesta podría corresponderle a la imputada una pena superior a los ocho de pena privativa a la libertad".
"Tomando en consideración el mínimo de la pena conminada en abstracto para los delitos que se le atribuyen tampoco resultaría procedente la aplicación de condena de ejecución condicional", agregó el fiscal.
"Entiendo que la Sra. Juez no debe hacer lugar al beneficio solicitado", cerró el fiscal federal, donde a partir de ahora será la magistrada Niremperger quién decida los argumentos.
Por otro lado, el día miércoles se conoció que los policías se abstuvieron de declarar y que todos los imputados presentaron su pedido de excarcelación.
En este sentido, el fiscal federal Sabadini dictaminó sobre dos de esas solicitudes y rechazó ambas excarcelaciones. Una de ellas es la presentada por el policía Frete, mientras que la otra fue la efectuada por Pereña. El fiscal presentó similares argumentos para formular su posición en contra de ambas excarcelaciones.
"En la presente causa se investiga a un grupo integrado por funcionarios de la Policía de la provincia del Chaco, quienes realizarían distintas actividades ilegales como ser: armado de procedimientos ficticios, allanamientos ilegales, aprietes, facilitación de venta al narcomenudeo en los denominados "bunkers", dentro de la jurisdicción de la Comisaria Duodécima brindando protección a cambio de beneficios económicos. Esta organización criminal trabajaría en connivencia con una boca de expendio de estupefaciente al menudeo, la cual es llevada a cabo por De La Cruz Ester Pereña. Esta connivencia consistiría en un encubrimiento, brindando protección, alertando de posibles operativos policiales, todo ello a cambio de una remuneración económica, o estupefaciente, que luego es utilizado para la justificación de procedimientos, o bien para el pago de un informante por algún tipo de información. No descartándose que posean contacto con otras bocas de expendio de estupefacientes en esta ciudad", explicó Sabadini en el escrito judicial.
Sin embargo, se dio a conocer otro documento al cual también Diario TAG tuvo la facilidad de acceder y el mismo describe que Sabadini le solicita a la jueza Zunilda Niremperger el cambio de carátulas de los imputados.
Hasta el momento, Pereña está imputada por "tenencia con fines de comercialización y cohecho". En este sentido, Sabadini pretende agravar la carátula a "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes y asociación ilícita".
"En el caso examinado y conforme surge de los informes de investigación realizadas, se desprende que, en el marco de las tareas de vigilancia telefónicas, se pudo advertir que los imputados identificados como Molina y Frete habrían ido juntos a dos bocas de expendio de estupefacientes a buscar bochitas. Que una de estas bocas de expendio seria la casa de la imputada Cruz Ester Pereña", cuenta el fiscal federal.
Para el Ministerio Fiscal "no existen dudas de la participación de Pereña en la asociación ilícita imputada al resto de los encausados pues conforme los informes obrantes en la causa se observan que habría facilitado en varias ocasiones "bochitas de estupefacientes" a policías a cambio de protección, estupefaciente este que sería utilizado por los funcionarios policiales para la justificación de procedimientos o bien para el pago de informantes".
Por su parte, los policías fueron imputados por "encubrimiento agravado, cohecho, asociación ilícita y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, todos en concurso real".
Es así que Sabadini añade: "imputarle además su ‘participación necesaria’ en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pues el aporte que han realizado valiéndose de la influencia y autoridad conferidas por sus cargos de Funcionarios Policiales, proporcionándoles protección y alertando sobre posibles procedimientos han importado una ayuda sin la cual el delito no habría podido ser cometido, al menos en la forma en que se llevó a cabo".
Finalmente, el juez federal considera que las carátulas deben actualizarse a "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes en calidad de autora para Pereña, De La Cruz Ester y en calidad de partícipes necesarios para Rubén Alberto Molina, Matías Josué Frete y Leandro Gabriel Cocco y en el delito de asociación ilícita art 210 del CP. Todo ello sin perjuicio de que el curso de la investigación lleve a modificar tal aserto".
