La UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner en la causa por las obras públicas en Santa Cruz
"Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude", establecieron desde la Unidad de Información Financiera. Y señalaron además que "es imposible demostrar la existencia de una organización criminal".
Comenzaron los alegatos en el juicio por la obra pública contra la vicepresidente, y la Unidad de Información Financiera (UIF) descartó que Cristina Kirchner haya encabezado una asociación ilícita para defraudar al estado en las obras públicas que de 2003 a 2015 recibió el empresario Lázaro Báez.
"Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación", aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura, con Cristina Kirchner presente en la audiencia del juicio oral que se realizó a través de Zoom.
Y agregó: "Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude". Además, señaló que "es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita".
En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
La UIF también descartó que Cristina Kirchner haya cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuáles reasignó partidas presupuestarias durante su gestión para las obras de Báez. "Las conductas llevadas a cabo al firmar decretos solo revisten carácter de actos de gobierno de los cuales no se desprende la violación de los deberes de funcionario público. Quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la justicia", dijo el abogado Alejandro Irachet.
En ese sentido, se pidió la absolución de la vicepresidenta, y de Lázaro Báez, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de José López, ex secretario de Obras Públicas; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por otra parte, la UIF entendió que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública si fue cometido por: Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Para ellos solicitó una pena de un año de prisión en suspenso y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta y les dejaron a los jueces del tribunal el análisis de esa situación.
Sobre estos funcionarios, la UIF sostuvo que "tenían el deber de controlar las obras y que no lo hicieron" ya que, por ejemplo, informaron que estaban terminadas cuando en rigor no y eso permitió que Báez cobre la totalidad de los pagos. Los abogados descartaron que Periotti, como titular de Vialidad Nacional, haya participado de la maniobra porque tenía un "control formal" a través del organismo de Santa Cruz y no directo.
Para finalizar el alegato, Irachet dijo que la postura de la UIF fue "por instrucción de su presidente", Juan Carlos Otero. El juicio continuará el próximo 1 de agosto a las 8:30 horas con el alegato del fiscal Diego Luciani que hoy adelantó que utilizará las nueve jornadas que le dio el tribunal.
