"Irregularidades y fraude": acusan a la secretaria judicial Graciela Aranda por malversación de fondos
"En la actualidad, la lista de Graciela Aranda es la que tiene que rendir cuentas de todo el desmanejo que hubo y de la conducta anti gremial", mencionaron desde la Comisión Integradora.
Graciela Aranda es la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco (Sejch) y el pasado 3 de junio volvió a renovar su cargo, el cual lo conduce desde hace 16 años. En las votaciones logró alcanzar 24 votos de diferencias, pero en el medio aparecieron acusaciones de "irregularidades" y "fraude".
Según una Comisión Investigadora que funciona desde el 2021 tienen el criterio de que los comicios sean "ilegales".
Al respecto, Martín Núñez, Félix Morales y Ramón Ríos, candidatos de la lista opositora de Aranda e integrantes de la Comisión Investigadora que fue conformada el 30 de abril de 2021, comentaron que la Lista oficialista alcanzó 301 votos y la Lista Roja 277. Es así que advirtieron: "La lista de Aranda hizo valer votos de los Juzgados de Paz del interior, que esa mañana el Superior Tribunal de Justicia, a través de un comunicado emitido por la inspectora de Paz, no autorizaba a que los jueces de Paz actúen de Autoridad electoral ya que la Junta Electoral no solicitó la autorización correspondiente".
A 48 horas de cumplirse un mes de las elecciones, la Comisión Investigadora del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco convocó a una conferencia que finalmente quedó suspendida. Se iban a brindar mayores detalles de una denuncia penal radicada en la fiscalía N°1 de Resistencia el pasado 11 de mayo.
En esa línea, Martín Núñez dialogó con Diario TAG y sostuvo que la denuncia "está basada en hechos probados, documentados de malversación de patrimonio porque se vendieron cosas del patrimonio del sindicato sin las autorizaciones correspondientes que son de la asamblea".
"A raíz de todas las irregularidades que se detectaron en el manejo de la Comisión Directiva, se expulsó a 3 integrantes de la misma y se creó una Comisión Investigadora", indicó Núñez.
Las acusaciones se formularon después de una investigación que se realizó con mandato de las Asambleas celebradas en abril y junio del 2021.
Por su parte, los integrantes de la Lista Roja aclararon que "se fue probando cómo se fueron desprendiendo de distintos bienes patrimoniales y también cómo se fue manejando los fondos de dinero en efectivo que pertenecían a los afiliados. En la actualidad, la lista de Graciela Aranda es la que tiene que rendir cuentas de todo el desmanejo que hubo y de la conducta anti gremial".
Para Núñez "siguen apareciendo delitos que se van ampliando en las denuncias que ya se efectuaron. La que se presentó y está en la Fiscalía N°1 es respecto de la venta de patrimonio en General San Martín, la venta de la sede que tenía el Sindicato de Empleados Judiciales en French 960 y se desconoce para qué se utilizaron los fondos", pese que la investigación continúa.
"Nunca se pudo obtener un crecimiento en la institución. Al contrario, lo único que crecieron fueron las demandas en contra del sindicato", declaró Núñez y mencionó la supuesta estafa a unas 100 familias que compraron terrenos en un predio con la promesa de que en el lugar se iban a construir viviendas. La causa tiene involucrada a Graciela Aranda ya que en la operatoria aparecía el Sindicato de Empleados Judiciales.
En el año 2017, un grupo de 20 personas al ver que las obras no iniciaban denunciaron a Graciela Aranda por una supuesta estafa, en la que también se vio implicado Miguel Ramos, dirigente judicial de Sáenz Peña, y Eduardo Vargas, empleado bancario. "Engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras".
"Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal", refleja la denuncia redactada hace unos años atrás.
Finalmente, surgió desde el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, a cargo de Mariana Benítez, que se opuso al pedido de sobreseimiento de Aranda, Ramos y Vargas planteado por el fiscal Arana.
