Denuncian que Argentina indemnizó con sumas millonarias a guerrilleros uruguayos detenidos por la dictadura
Se trata de personas que fueron detenidas en territorio argentino y enviados a los pocos días al país vecino, sospecha que cobraron importantes indemnizaciones en Argentina y en Uruguay.
Este miércoles se presentó una ampliación de denuncia en el juzgado federal N°4 4 a cargo del juez Ariel Lijo sobre la investigación que comenzó en 2019, donde que se detallaron una decena de casos fraudulentos de cobro de indemnizaciones de supuestas víctimas de la represión a organizaciones armadas en los años 1970.
Se trata de personas que fueron detenidas en territorio argentino y enviados a los pocos días al país vecino. El gobierno argentino pagó millonarias indemnizaciones como si todos los días en que estuvieron detenidos hubieran sido en jurisdicción argentina. Los pagos se habrían realizado durante la presidencia de Cristina Kirchner.
En esta ampliación, hecha por el investigador José D’Angelo, se incluyeron alrededor de 20 casos de ciudadanos uruguayos que estuvieron presos en el país y luego fueron extraditados, con la sospecha de que cobraron en Argentina y en Uruguay.
Según la presentación, la mayoría de los uruguayos detenidos pertenecían al Partido de la Victoria del Pueblo, provenientes de las organizaciones guerrilleras Tupamaros, Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y de la Resistencia Obrera Estudiantil.
"Venimos por la presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes "reparatorias", como consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad: el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen, en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios años", dice el escrito presentado al juez Lijo.
En la ampliación de denuncia, D’Angelo señala que "la República Argentina les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros."
La denuncia es por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los integrantes de la administración del gobierno nacional que participaron de esta operatoria autorizando los pagos en el marco de las llamadas leyes reparatorias, como así también contra los beneficiados con esta maniobra.
