La Corte Suprema rechazó los planteos de Cristina Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz
Por unanimidad de los jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema desestimó los 12 recursos presentados por Cristina Kirchner y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
De este modo, se avala la continuidad del juicio oral en el que la vicepresidente está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. El juicio está entrando en la etapa de alegatos y podría tener veredicto en los próximos meses.
En esta causa se juzgan presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la provincia de Santa Cruz.
Entre los planteos presentados por la vicepresidente. que fueron rechazados por el máximo tribunal, se encuentra el supuesto "doble juzgamiento", ya que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz.
Sin embargo, la Corte descartó la violación al principio "ne bis in ídem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) por "deficiencias de fundamentación". Así, el máximo tribunal definió que en las causas que se tramitaron ante la Justicia de Santa Cruz hubo "falta de delimitación precisa del objeto de investigación, la casi nula actividad probatoria desplegada y la falta de impulso fiscal".
En este sentido, se estableció además que no existía "identidad de objeto entre las distintas investigaciones", porque, Cristina Kirchner "no fue parte en los procesos tramitados" en Santa Cruz.
En cuanto al recurso que plantea que el Tribunal Oral no aceptó toda la prueba que propuso la defensa, la Corte Suprema respondió que "la decisión de no proveer cierta prueba no ponía fin a la causa ni impedía su prosecución hasta el fallo final, que podría ser favorable a la imputada y por ello disipar el agravio, sin contar con que solo en esa instancia podía demostrarse acabadamente por qué las pruebas omitidas podrían haber sido relevantes".
El planteo solicitaba que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante el gobierno 2003 – 2015 en todo el país y no sólo las de la provincia de Santa Cruz.
Por otra part, la defensa de Cristina Kirchner también sostuvo que había gravedad institucional en que no se haga toda la prueba que solicitó. Sobre esto, la Corte afirmó que "no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones".
