Causas Hotesur-Los Sauces: la fiscalía pidió juicio oral y la anulación del sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos
El fiscal de Casación, Mario Villar, solicitó la anulación del sobreseimiento de Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia y de los demás acusados en la causa "Hotesur-Los Sauces". La vicepresidenta, junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, están acusados por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y otras propiedades de la familia.
En el mismo pedido, que se realizó mediante un documento presentando por el Ministerio Público ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene bajo su análisis el caso, se solicitó la realización del juicio oral. Ahora, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, deberán fijar una fecha de audiencia con el fiscal y las defensas de los acusados. En este espacio, las partes podrán ampliar sus fundamentos, permitiendo así que los magistrados puedan determinar si aceptan o no la solicitud de Villar.
Por otro lado, el fiscal también pidió la separación de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que dictaron el sobreseimiento de los acusados, el 26 de noviembre pasado. En este sentido, fueron sobreseídos Cristina Kirchner, junto a sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas: los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, además de Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. El sobreseimiento también alcanzó al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.
Según el escrito presentado, para el Ministerio Público, los dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 dictaron una sentencia arbitraria al firmar los sobreseimientos y frenar el juicio oral por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
"La solución del sobreseimiento no solo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día, allí se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable", se aseguró en el texto.
Además, el comunicado expresó: "La sociedad tiene derecho a tomar conocimiento de cuestiones que son intrínsecas a su rol de ciudadanos, responsables y comprometidos en el marco de un sistema republicano de gobierno. Este es un interés legítimo de la sociedad, que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal deben resguardar como parte de su función institucional".
