La querella volvió a exigir el cambió de calificación en la causa de las agresiones a la familia Qom en Fontana
Por el caso de violencia institucional, ocurrido en la Comisaria Tercera de Fontana el 31 de mayo del 2020, donde policías de esa dependencia agredieron a jóvenes pertenecientes a la comunidad Qom, ayer se realizó una audiencia donde participaron el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos; la querellante particular por la familia agredida, Karina Paz; la querellante por el Comité para la Prevención de la Tortura, Selva Nazaruka; los abogados defensores Justo Mencia y Ricardo Osuna, donde plantearon sus posiciones frente a la jueza de garantías N° 3, Rosalía Zozzoli.
El pedido del Comité fue primordialmente el cambio de calificación de vejaciones a torturas, la incorporación del agravante por odio racial y la integración de Elsa Fernández como víctima en la presente causa. Según la querella, el expediente "cuenta con todos los elementos probatorios (exámenes médicos, registros fotográficos y audiovisuales, exámenes psicológicos y declaraciones testimoniales) para acusar a un agente (ya identificado por una testigo presencial) de cometer vejaciones contra ella, pero el fiscal no la incorporó como víctima en el requerimiento de elevación a juicio". En sintonía, la doctora Paz se sumó a lo indicado por el Comité en torno al delito de torturas.
Por otro lado, el fiscal de Derechos Humanos expresó que "no cuenta con elementos fácticos suficientes para considerar que se cometieron torturas, pero si vejaciones agravadas".
Asimismo, la defensa solicitó el sobreseimiento de sus defendidos aludiendo que todo lo sucedido en Fontana el 31 de mayo tiene que ver con "un allanamiento legítimo, detenciones legales por haberse cometido en medio de un procedimiento policial defensivo contra un grupo de personas que estaban arrojando elementos contundentes contra la comisaría. Por lo que hubo persecución licita". Respecto de las vejaciones establecen que "no existen pruebas suficientes para determinar la autoría por lo que se solicita el sobreseimiento".
El fallo de la doctora Zozzoli se dictará en cinco días hábiles, por lo que el viernes habrá una decisión fundamentada.
