Especialistas alertan sobre el impuesto a la riqueza por 10 años: ola de juicios y poca inversión
El diputado del Frente de Todos, Pablo Carro, oriundo de Córdoba, presentó una iniciativa para volver a cobrar el impuesto a la riqueza, pese a que cuando fue aprobado en 2020 se estableció que era de carácter "extraordinario". El legislador propone extender la vigencia del tributo por diez años, con el propósito de que las personas más ricas de la sociedad contribuyan a pagar la deuda con el FMI.
El impuesto a la riqueza, que oficialmente se denominó "Ley de Aporte Solidario y Extraordinario" fue aprobado por el Congreso a fines de 2020. Durante aquel debate, los legisladores del oficialismo remarcaron que se trataba de un impuesto "por única vez" a personas con patrimonios superiores a los $200 millones.
Para los tributaristas la aplicación y extensión en el tiempo de este impuesto genera una fuerte merma en los capitales de los contribuyentes que son alcanzados, y disminuirá las futuras inversiones en los sectores productivos.
Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion, enumeró las razones por las cuales repetir un impuesto como el que se lanzó para morigerar el impacto del COVID sería un "grave error":
· "Ya existe un impuesto patrimonial, que es Bienes Personales, por lo que cabría esperar una ola de juicios que terminen a favor de los contribuyentes".
· "El descrédito y la falta de seguridad jurídica que provoca implementar impuestos que son de una sola vez y que terminan siendo permanentes".
· "Se equivoca, una vez más, el camino del crecimiento, ya que si se quiere crecer la economía hay que permitir que los que más tengan inviertan y no sacarle más por medio de impuestos. El sector privado es el único que genera riquezas, el Estado no lo hace. Y si lo que se quiere es pagarle al FMI, se necesita generar riqueza, no esquilmar a los que tienen".
El especialista tributario remarcó que el impuesto a la riqueza fracasó, porque no recaudó lo esperado por las propias deficiencias del proyecto. "Insistir en buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es un absurdo que se tiene que terminar en la Argentina", dijo.
El Gobierno preveía recaudar alrededor de $400.000 millones; sin embargo, en diciembre de 2021, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas.
"Ni en el país más populista del mundo este proyecto tendría chances de ser considerado como algo viable. A poco que uno analiza de qué se trata, se da cuenta inmediatamente que es una copia textual del anterior que fue el aporte solidario, pero esta vez directamente se propone en pocos años aniquilar los patrimonios por encima de USD 1,6 millones. Si bien en todos los países suelen presentarse proyectos impracticables, en estos dos años, este Gobierno batió records de establecer medidas tributarias extravagantes", setenció Diego Fraga, especialista en derecho tributario.
"Más allá de que en la práctica seguramente no se apruebe este proyecto, en el corto plazo, es altamente probable que los potenciales afectados sientan temor por sus propiedades y aceleren sus planes de relocalización de sus familias y de sus bienes. También estas señales frenan planes de inversión o los postergan durante varios años. El daño que provocan estos proyectos, aunque no se concreten, es inconmensurable en un país que todavía no logra hacer pie en lo económico y que necesita muchos flujos de inversiones para poder empezar a recuperarse", añadió Fraga.
