La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales reclama previsibilidad salarial
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales emitió un comunicado donde le exige al Ejecutivo una recomposición salarial para este año, y se refiere a "una situación de gravedad institucional ya que uno de los Poderes del Estado se niega sistemáticamente a cumplir con una ley en vigencia".
La ley en cuestión es la 3424 – A, que dispone un esquema de actualización salarial, donde se equiparan los salarios del Poder Judicial del Chaco a un promedio de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, lo que se denomina "media regional", para posteriormente llegar a la "media nacional", que es un promedio de los salarios judiciales de todas las provincias, y que es el criterio de referencia que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que no todas las jurisdicciones están en similares condiciones económicas.
Esta entidad sostiene que "no se realiza el cumplimiento efectivo de la ley vigente hace ya 7 meses", y agrega que "el Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir con la norma, primero dijeron que lo harían pasadas las elecciones legislativas y luego que durante el mes de enero se trabajaría en el cálculo correspondiente para comenzar a abonar con el sueldo de febrero, pero hasta el día de hoy el Supremo Tribunal de Justicia no tiene confirmación de ese compromiso".
En una misma sintonía, se remarca que este contexto anómalo "repercutirá nuevamente en las arcas provinciales, y que el pretendido diálogo entre poderes se encuentra afectado, al no haber respuestas por parte del Poder Ejecutivo, quien se encuentra en abierto incumplimiento de normas legales aprobadas por la legislatura en su conjunto y de sentencias judiciales del máximo tribunal argentino", y se amplia alegando que se está "nuevamente en posición de tener que recurrir a la judicialización del conflicto".
Por último, se los magistrados y funcionarios insistieron "en el cumplimiento efectivo de la ley 3424-A, para poder así contar con previsibilidad salarial para el año que comienza, y evitar el desgaste de energías que supone tener que discutir esta misma cuestión hace ya tantos años".
A continuación, el comunicado completo:
Nos encontramos reunidos en esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chaco, contando con la presencia de ex presidentes de nuestra Entidad, así como también integrantes de la actual Comisión Directiva, para informar a la sociedad chaqueña que, tras largos años de reclamos judiciales por la recomposición salarial de nuestro sector, y habiendo tenido que transitar todas las instancias existentes en nuestro país, llegando incluso a la CSJN, a pesar de llevar ya más de 16 años de planteos prudentes y ajustados a derecho, hoy nos encontramos frente a una situación de GRAVEDAD INSTITUCIONAL inusitada, ya que uno de los Poderes del Estado se niega sistemáticamente a cumplir con una ley en vigencia. Ley que es invocada por el propio Estado como justificación del cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) ad hoc en la causa ALONSO DE MARTINA, causa en que los tribunales mencionados reconocieran la afectación a la garantía constitucional de la intangibilidad de los salarios y ordenaran su restablecimiento.
Queremos dejar en claro que el Poder Judicial provincial y la CSJN han reconocido la violación a la intangibilidad ante la falta de actualización de los salarios del sector, frente a escenarios de constante inflación, y han exhortado a los demás poderes del estado al restablecimiento de la misma a través de la recomposición salarial correspondiente.
Fue así que el Poder Legislativo sancionó, en agosto del pasado año, la ley 3424- A, que dispone un esquema de actualización salarial, comenzando por equiparar los salarios del Poder Judicial del Chaco, a un promedio de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa, lo que llamamos la "media regional", para posteriormente llegar a la "media nacional", que es un promedio de los salarios judiciales de todas las provincias, y que es el criterio de referencia que toma la CSJN, considerando que no todas las jurisdicciones están en similares condiciones económicas.
Sin embargo, luego de sancionada la ley 3424-A, luego de haber sido promulgada sin observaciones por el Poder Ejecutivo, y luego que el propio Ejecutivo reconociera en el decreto 2725 de diciembre pasado, la necesidad de "encontrar la solución al conflicto salarial originado hace décadas", a pesar de todo ello, no se realiza el cumplimiento efectivo de la ley vigente hace ya 7 meses.
Debemos destacar que la propia Fiscalía de Estado, en representación del Estado Provincial, ha comunicado a la CSJN, en el último Recurso de Queja presentado ante ese tribunal, que la provincia estaba cumpliendo con la recomposición salarial, a través de la norma jurídica correspondiente. Sin embargo, se ha cumplido sólo una primera parte de la ley, y se evita el cumplimiento de la equiparación a la media regional, como punto de partida de la recomposición real de los salarios.
El Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir con la norma, primero dijeron que lo harían pasadas las elecciones legislativas y luego que durante el mes de enero se trabajaría en el cálculo correspondiente para comenzar a abonar con el sueldo de febrero, pero hasta el día de hoy el STJ no tiene confirmación de ese compromiso, por lo que entendemos que se da una situación de gravedad institucional, que repercutirá nuevamente en las arcas provinciales, y que el pretendido diálogo entre poderes se encuentra afectado, al no haber respuestas por parte del Poder Ejecutivo, quien se encuentra en abierto incumplimiento de normas legales aprobadas por la legislatura en su conjunto y de sentencias judiciales del máximo tribunal argentino.
Magistrados y Funcionarios hemos sido pacientes y prudentes en el reclamo, priorizando el diálogo y la negociación, sin obtener respuestas favorables, por lo que debemos hacer saber que, pese al largo recorrido de años de litigio, y de consecuentes costos para el pueblo chaqueño, estamos nuevamente en posición de tener que recurrir a la judicialización del conflicto, como forma de hacer respetar nuestros derechos constitucionales vulnerados.
Como dije, hemos sido prudentes, hemos sabido contemplar situaciones, hemos tenido mucha más paciencia que la que tiene cualquier ciudadano al plantear sus conflictos, y sin embargo la respuesta por parte del Ejecutivo Provincial es nula, por lo que no podemos seguir permitiendo este avasallamiento institucional al que nos vemos sometidos.
No pensamos que deberíamos soportar este destrato, luego de tantos años de litigio y, además, luego de dos años de pandemia en que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para atender el servicio de justicia en la forma más eficiente posible. Comenzaremos el 2022 con nuevos juicios, que nuevamente encarecerán el proceso perjudicando las arcas provinciales.
Por ello insistimos en el cumplimiento efectivo de la ley 3424-A, para poder así contar con previsibilidad salarial para el año que comienza, y evitar el desgaste de energías que supone tener que discutir esta misma cuestión hace ya tantos años. Creemos que es momento de poner fin a una situación irregular, conforme lo ha reconocido la CSJN, y creíamos sinceramente que esta ley vigente venía a hacerlo, pero el incumplimiento injustificado por parte del Poder Ejecutivo, nos muestra una situación de gravedad que nos veremos obligados a afrontar, con las herramientas legales con que contamos, como única alternativa de hacer respetar derechos y garantías constitucionales avasalladas.
