La respuesta del STJ al Colegio de Abogados: advirtieron contradicciones en la postura de la entidad
Este miércoles, a dos días de levantarse la feria judicial e iniciar el año con un plan de contingencia a raíz del ciberataque al Poder Judicial, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia envió una nota a la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco , Emilia María Valle con "reclamos urgentes" y denunciando "falta de operatividad del sistema". Es por eso que desde el STJ respondieron mediante un Acta.
En primera instancia, desde el máximo tribunal dijeron que el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia "ha sido invitado institucionalmente y ha estado presente en todas las reuniones que ha realizado el Superior Tribunal de Justicia, en ninguna de las cuales ha manifestado objeciones al trabajo que se viene realizando desde el Poder Judicial".
También manifestaron que fueron convocados a formular aportes y a participar del debate del plan y que, de igual manera, no manifestaron objeciones y hasta coincidieron con las medidas proyectadas.
En el documento que lleva la firma de los jueces que integran el STJ, mencionaron los canales de comunicación que se han habilitado para mantener la información actualizada, recibir consultas, dudas, reclamos y propuestas sobre el funcionamiento del Poder Judicial "las veinticuatro (24) horas, todo lo cual ha sido contestado inmediatamente en días y horarios hábiles e inhábiles".
En el primer reclamo, desde el Colegio pidieron que "se tomen las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio de justicia, la prosecución de las causas en curso y la recepción de las que deban iniciarse por algún sistema idóneo, función constitucionalmente impuesta bajo responsabilidad directa de quienes ejerzan los funcionarios respectivos". Al respecto, el STJ contestó: "El Protocolo de Contingencia enuncia claramente cómo se proseguirán las causas en trámite y cómo se recepcionarán las que deban iniciarse. Que, como se dijo, el Presidente del Colegio participó de las reuniones y se le explicó detalladamente cada uno de los artículos del Protocolo de Contingencia".
En el segundo punto, la entidad abogadil reclamó que se retomen todas las Audiencias ya fijadas (y suspendidas), en forma presencial, en todos los Tribunales y Reparticiones del Poder Judicial (Servicio de Mediación, etc.), a partir del día lunes 07/02/22".
Al respecto, el Superior Tribunal de Justicia respondió: "Ha sido el mismo Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, a través de su Presidente, junto con los demás Colegios y Consejo de toda la Provincia, quienes ha solicitado la suspensión de términos y audiencias hasta el 13 de febrero de 2022. De hecho, el Superior Tribunal de Justicia, en su primera propuesta, había postulado una suspensión de términos y audiencias hasta el 6 de febrero de 2022 y los Colegios y Consejo expresamente solicitaron que dicha suspensión se extendiera hasta el 13 de febrero de 2022".
"Si bien no es claro a qué refieren con "suspensión parcial", lo cierto es que el artículo 9 del Protocolo de Contingencia dispone que "sin perjuicio de la suspensión general de términos y audiencias dispuesta en el artículo 6, siempre que las limitaciones en los servicios y sistemas y cuando las piezas procesales necesarias no se hayan perdido, los organismos deberán tramitar y resolver todas aquellas cuestiones urgentes", añadieron.
En cuanto al reclamo de "impulsar la investigación penal" y buscar la autorización para constituirse como querellantes, el STJ indicó que ya se efectuó la denuncia penal -tal como lo indicó Valle a Diario TAG - el día 11 de enero.
"Se trata de una causa penal en trámite, la cual es completamente ajena al ámbito de competencia del Superior Tribunal de Justicia, el mismo conforme las normas procesales penales vigentes, no tiene facultades ni competencia jurisdiccional para "autorizar la constitución como querellante"".
Otro punto reclamado por el Colegio de Abogados de Resistencia tiene que ver con la promoción de una "investigación administrativa" para deslindar responsabilidades internas y "determinarse por un órgano imparcial si se habían omitido tomar las medidas de seguridad necesarias para el caso".
La respuesta del STJ vino en sintonía con lo detallado por su presidente hace 4 días durante una entrevista con este medio. "Como se ha informado en todas las reuniones de las que ha participado el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, a través de su Presidente, y se ha consignado en todos los comunicados y en las Resoluciones N° 3/2022 y N° 9/2022, el Poder Judicial, conforme informe de Penta Security Solutions, ha sufrido un ataque por parte de un grupo delictivo denominado "Hive Ramsonware". Que, en dicho informe, replicado en la citada Resolución N° 9/2022, se consigna que el virus analizó la infraestructura tecnológica y desactivó las medidas de seguridad del Poder Judicial, por lo que no se advierten razones para iniciar actuaciones administrativas".
El punto 5 del documento que se entregó ayer a la doctora Valle, plantea una "falta de funcionamiento del sistema informático del Poder Judicial, causa, además de los daños generales a la sociedad toda".
Para el Superior Tribunal de Justicia dicho reclamo "se funda en una hipótesis meramente conjetural y por un hecho derivado del accionar de terceros. Que, por otra parte, no es competencia del Superior Tribunal de Justicia realizar gestiones ante los otros Poderes constituidos del Estado en favor de los y las profesionales, quienes, en su caso, deberán dirigirse a las autoridades competentes a esos fines".
