La Asociación Argentina de Fiscales repudió la marcha contra los miembros de la Corte Suprema
La Asociación Argentina de Fiscales manifestó hoy su "más enérgico" repudio a la marcha contra la Corte convocada para el 1 de febrero, impulsada por el dirigente Luis D’Elía y el juez nacional Ramos Padilla.
"La justicia no consiste en satisfacer los intereses del partido dominante, aunque así lo crea el gobierno actual. Por eso es inadmisible que se utilicen las estructuras de poder para ejercer presiones constantes a quienes no ‘militan’", sentenciaron a través de un comunicado.
— Asoc. Arg. Fiscales (@fiscales_arg) January 29, 2022
Sobre los pedidos de "echar a patadas" a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la entidad remarcó que "exceden el inalienable derecho de manifestarse y peticionar a las autoridades".
En un igual sentido, señalaron que "esta concepción de la política ejercida dentro de una democracia, solo se encuentra limitada por un Poder Judicial y un MPF independientes. Creemos que es el momento apropiado para expresar nuestro apoyo a las instituciones republicanas, máxime cuando los procesos seguidos por corrupción se encuentran en estados avanzados".
A continuación, la transcripción del documento completo:
La Asociación Argentina de Fiscales expresa su más enérgico repudio a la marcha y movilización convocada para el próximo 1 de Febrero y que tiene como promotores visibles al Sr. Luis D’Elía y el juez nacional Juan María Ramos Padilla, por entender que su objeto es ilegal y prohibido por la Constitución Nacional.
Creemos necesario aclarar que conforme surge de distintas expresiones vertidas por los nombrados en los medios de comunicación tales como "...El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable." (Aunque luego se retractara de las vías de violencia que propone), "...Esto es lo que reclamamos. No puede haber delincuentes con toga, sin Estado de derecho no se asegura La paz en beneficio de todos los habitantes de la Nación" en relación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las mismas exceden el inalienable derecho de manifestarse y peticionar a las autoridades, debido a su objeto ilegitimo.
La Constitución Nacional establece en sus artículos 53³, 59 y 60 el procedimiento para remover a los miembros de la CSJN y no es mediante la marcha de los convocantes D’Elía y Ramos Padilla.
Pero más significativo aún la disposición del art. 22 CN que dice: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Ambos individuos al borde de la comisión de este delito.
Es necesario decir también, que esta Asociación viene sosteniendo que los diversos y constantes ataques a la Justicia y a los Fiscales en particular, constituyen una programación al máximo nivel político partidario tendiente a lograr una triple finalidad: a) Intimidar a los magistrados fiscales y jueces que investigan hechos de corrupción y desalentar sus intervenciones, b) lograr la impunidad por los distintos procesos que se llevan adelante por delitos cometidos por funcionarios públicos (corrupción en particular), y c) Relativizar la seriedad de las imputaciones mediante mecanismos de "propaganda" que se sustentan en divulgar la existencia de un plan para procesar a inocentes funcionarios (lawfare).
También fuerza decir (en este último sentido) que se han valido no solo de la "creación" de medios de prensa poderosos a través de la distribución de la paura publicitaria, sino también de la educación partidaria: la creación de asociaciones como Justicia Legítima que les permitió colonizar al Poder Judicial con afines partidarios que se beneficiaron con nombramientos, traslados convenientes, ascensos, o designaciones en unidades fiscales estratégicas. Se ha politizado las elecciones de los colegios profesionales y se valieron de asociaciones y Ong's para "denunciar" casos en nombre de la comunidad o los derechos humanos, y que les permitiera habilitar la inconstitucional Bicameral de seguimiento también creada en el Congreso. Intentos. de reformas legislativa (para dominar la designación del Procurador General de la Nación, de los procesos de designación de Jueces, el modo de sancionarlos). Leyes que modificaron las jubilaciones e impositivas. Reducción del presupuesto para Justicia. Paralización de nombramientos provocando sobrecargas de trabajo.
Esos apoyos obligan a mirar el contexto político, la intencionalidad del gobierno y una actuación dirigida sin lugar a dudas a presionar a la justicia a la vez de pretender convencer a toda la población de que los distintos procesos seguidos por corrupción son el fruto de una "familia judicial" protectora de "intereses cipayos y neoliberales" "antipopulares".
La justicia no consiste en satisfacer los intereses del partido dominante, aunque así lo crea el gobierno actual. Por eso es inadmisible que se utilicen las estructuras de poder para ejercer presiones constantes a quienes no "militan". El ejemplo más simple y documentado lo constituyen los pedidos de declaraciones juradas efectuadas por el diputado Tailhade respecto únicamente de Fiscales que tienen investigaciones dirigidas contra miembros de su partido.
Es necesario aclarar que no existen dudas de que el partido gobernante no es el único que ha promovido avances o injerencias sobre la justicia, y se puede contar una larga historia de sucesos y acciones en su detrimento (en una puja por acrecentar el poder político, y que bien describen tratadistas famosos como una "lucha entre agencias"), pero esa historia -que le es ajena en su reproche al actual gobierno-solo agrava el contexto actual de falta de independencia de los Ministerios Públicos y la Justicia en general,
Esta concepción de la política ejercida dentro de una democracia, solo se encuentra limitada por un Poder Judicial y un MPF independientes. Creemos que es el momento apropiado para expresar nuestro apoyo a las instituciones republicanas, máxime cuando los procesos seguidos por corrupción se encuentran en estados avanzados.
