Qué pasó con las 20.000 causas que ingresaron a la justicia provincial por violar la cuarentena
Por Gabriel Bobis (*)
La fiesta VIP por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia de Olivos, en la que se encontraba el presidente de la Nación violando las medidas que él mismo había decretado, desató una fuerte polémica en todo el país y puso en discusión las miles de causas iniciadas a los ciudadanos que violaron la cuarentena. Mientras Diputados nacionales promueven un indulto para aquellas personas, la justicia provincial avanza con algunas causas. Diario TAG realizó un relevamiento para conocer la situación local.
La Justicia provincial tiene en su haber más de 20.000 causas iniciadas contra las personas que fueron descubiertas infringiendo las disposiciones que establecieron el Gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia por coronavirus. El "cimbronazo" causado en el ámbito judicial es cursado actualmente por un equipo especial que se encuentra trabajando en causas que implican desde personas caminando durante la alarma sanitaria hasta un concejal descubierto en una fiesta clandestina y organizadores seriales de dichos eventos no autorizados.
¿Por qué se iniciaron causas? Porque la transgresión de las medidas extraordinarias adoptadas en los últimos meses podría representar la introducción o propagación de una epidemia y eso es algo que está contemplado en el artículo 205 del Código Penal con multas de 6 meses a 2 años de prisión. Por otro lado, las faltas más graves -como las cometidas por personas que pese a su diagnóstico positivo de covid no cumplían con el aislamiento- están penadas en el artículo 202 con hasta 15 años de prisión.
Tan extraordinaria fue la situación que ocasionó el virus que en muchas provincias del país existió una disputa sobre a qué justicia le correspondía asumir la competencia. En Chaco fue el fuero provincial el encargado de investigar estos delitos, mientras que en otras provincias fue el federal, en un reducido grupo de distritos se combinaron ambos.
Toda la estructura del Ministerio Público Fiscal se vio resentida para hacer frente a tal situación. Cabe destacar que, para ello, desde Procuración General se designó un fiscal 'de covid' que trabajó en la imputación de los delitos de los casos más esenciales, algunos de ellos ya elevados a juicio.
El cumpleaños en Olivos despertó fuertes críticas
Diario TAG dialogó con el procurador adjunto, Miguel Fonteina, quien mencionó entre los "casos esenciales" a una fiesta clandestina en la que participaba un concejal del interior, personas que fueron renuentes a la prohibición de organizar fiestas clandestinas y también a la clínica Fresenius Medical Care, denunciada en abril de 2020 por el Ejecutivo provincial tanto en el fuero provincial como en el federal por "incumplimientos" en los protocolos establecidos.
"En un nosocomio privado también hubo una cuestión importante de contagios que se debió a la negligencia. Se les imputó a las personas responsables del área, dado que eran por ejemplo médicos que estaban sabiendo que tenía en ese momento el contagio y no obstante eso continuaron atendiendo, no tomaban las medidas de prevención que se le exige a toda la sociedad, entonces de ese punto de vista hay una responsabilidad para ellos", detalló Fonteina.
Otros hechos graves
Las personas que ya fueron imputadas y pronto deberán defenderse ante la Justicia también son los organizadores seriales de fiestas clandestinas. Cabe destacar que muchos de ellos recibieron multas fijadas por el poder Ejecutivo de entre $236.000 y $476.000, pero pese a esas sanciones monetarias para desalentar la organización de las mismas, el delito seguía cometiéndose por los mismos infractores.
"Eso no tiene ningún tipo de excusa y deberán responder no solamente en la parte administrativa sino en la parte penal", advierte el procurador adjunto al mencionar el trabajo realizado desde el Ministerio Público Fiscal y desde los medios de comunicación para concientizar sobre la situación epidemiológica y los altos riesgos que significaba la aglomeración de personas.
Y si de faltas graves hablamos, hay que destacar el comportamiento de las personas que con su diagnóstico positivo de covid decidieron no respetar el aislamiento, facilitando de esa manera -conscientes de ello- la propagación del virus. "Nosotros convenimos incorporar en una nueva tarea a 'ayudantes fiscales covid'. Es así que salían junto a la Policía y personal sanitario donde se iba haciendo un control diario de las personas que estaban con covid a efectos de verificar que respeten el aislamiento. Aquellas personas que fueron sorprendidas fuera del sector de su domicilio, no solamente que fueron notificadas de esta situación, sino que van a tener una disposición legal distinta -artículo 202- porque hay una cuestión de que con conocimiento de que debían guardar cuarentena transitaban fuera de los lugares establecidos por la autoridad sanitaria", explicó Fonteina.
Falsas noticias
Marzo de 2020 fue para los chaqueños, como para muchos de los ciudadanos del mundo, un choque con lo incierto. La incertidumbre, la falta de información y la sobreinformación generaron una psicosis que muchos alentaron inventando informaciones falsas. Desde muertes inexistentes, falsos colapsos sanitarios y hasta acusaciones a vecinos por "tener el virus y salir de sus domicilios".
"Esta persona horrible, así como lo ven está infectado. Está infectando a todo Villa San Martín. Sale y hace lo que quiere, va por la vida como si nada sin precaución", escribió una joven en redes sociales y por su puesto provocó un centenar de reacciones repudiando a un hombre que nada tenía que ver con lo que se lo estaba acusando.
En virtud al incremento de la divulgación de datos falsos, la División de Cibercrimen se abocó a tareas de prevención en internet a los fines de evitar que las mismas se difundan y que puedan infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Ellos también fueron judicializados, aunque el impacto de ese mal uso de las redes sociales es mucho menor a los casos anteriormente mencionados.
Los miles de demorados, las miles de causas
"No estamos haciendo nada malo", dijeron Romina y Mirta de 23 y 45 años al ser demoradas por la Policía un domingo por la madrugada. Transcurría marzo de 2020 y la cuarentena era estricta, en ese contexto la demora de ambas mujeres que se resistían a regresar a sus domicilios era algo justificado. Sus nombres son parte de una lista de 20.000 hombres y mujeres que violaron la cuarentena y a las que se les inició una causa por la infracción al artículo 205 del CP. Pero, ¿qué pasó con dichas causas?
Para responder esta pregunta primero hay que recordar la tarea extraordinaria que asumió la Policía de Chaco, que se abocó intensamente a la fiscalización y control para que los ciudadanos respeten los decretos de aislamiento. "Tuvieron que incorporar situaciones que escapaban al desarrollo de sus actividades", señaló Fonteina.
Es importante destacarlo ya que esas nuevas actividades provocaron la elaboración de un sinnúmero de expedientes que hoy no podrán tener tránsito por la vía judicial, más allá del ingreso a la fiscalía. Es que en las actas diarias que remitían las comisarías, que contaban en muchos casos con un listado de hasta 600 infractores, únicamente se mencionaban sus datos personales.
José y Alfredo, ambos de 24 años, le dijeron a la Policía que no les importaba la cuarentena y terminaron detenidos
Es así que se desconocía si las personas contaban con algún tipo de permiso, si había una cuestión que los justificaba, en qué horario fueron descubiertos, bajo qué circunstancia. En esos casos no habrá ni imputación de delito y por ende tampoco podrán ser elevados a juicio.
¿Qué pasará con esas causas?
El Ministerio Público Fiscal tiene dos años para ir resolviendo las causas "en trámite" ya que transcurrido ese período de inactividad podrían proscribir.
Otro de los recursos, contemplados en el Código Procesal, es el de "insignifancia" que conlleva el archivo de la causa, previo a un análisis del 'fiscal covid'. El mismo podría aplicarse para las personas que con justa razón debieron salir de sus domicilios, ya sea para ir a la farmacia, para buscar un elemento esencial o para visitar a un familiar enfermo, por ejemplo.
Un partido de fútbol desarticualado
"No es lo mismo un grupo de 300 o 400 personas de aquellos casos determinados especiales donde hay que tener otra mirada ya que al imputarse el delito nosotros tenemos un término inmediato para fijar elevar o juicio o bien dictar el sobreseimiento", cerró el miembro del MPF al respecto.
Plazos
"Los plazos son de acuerdo a la modalidad de gestión. Entendemos que hay tiempos donde sin dudas tenemos términos, los mismos son fatales si es que hay personas detenidas. Más allá de eso, nuestro plazo procesal no puede exceder de dos años, eso no implica que vamos a aguardar ese plazo", indicó a este medio Miguel Fonteina y agregó: "Lo que sí estamos haciendo es un trabajo de conciencia de primero realizar ese análisis de todas las causas que están dentro de nuestra área judicial de gestión para verificar los distintos grupos de expedientes".
Libertad ambulatoria, Policía y Justicia
"Nuestra Policía fue impecable", señaló Fonteina sobre la labor de los efectivos durante la pandemia y aseguró que pese a las 20 mil causas no hubo denuncias de violencia de ningún tipo. "No han existido actos donde se haya denunciado violencia institucional, no solo por parte de la policía o por parte de la justicia donde como en otros lugares, ciudadanos fueron a denunciar los malos tratos o por golpes de la policía", dijo.
Jugadores de Sarmiento detenidos mientras entrenaban
Pese al escenario planteado por el procurador general adjunto, desde el Comité de Prevención de la Tortura Chaco presentaron un habeas corpus ya que consideraban que las restricciones y el rol de los agentes en ese sentido representaban "una amenaza contra la libertad ambulatoria de la población chaqueña".
Algunos demorados por violar la cuarentena tenían pedidos de captura por otros delitos, en este caso por violencia de género
Según justificaron en dicha presentación, el Habeas Corpus surgió "a raíz de las denuncias que se fueron suscitando, suficientes como para poder acreditar y decidir que era procedente. Hay personas que están en libertad y pesa sobre ellas una amenaza de privación a esa libertad por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad".
Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia se expidió indicando que lo que debía primar era el interés general, que es la salud de las personas.
(*) De nuestra Redacción