Imputaron a la ex jefa de la comisaria de Fontana por los hechos de violencia institucional
La comisaria Claudia Beatriz Lucena fue imputada por incurrir en los delitos de "Omisión de Evitar Torturas y/o subsidiariamente de Encubrimiento Agravado", al ser la máxima autoridad de la Comisaria Tercera de Fontana, presenció y no evitó los hechos de violencia ocurridos en el barrio Banderas Argentinas, en mayo del 2020 , según las querellas.
Posteriormente trascendieron videos e imágenes donde los agentes policiales apremiaban ilegalmente a jóvenes de la comunidad Qom y realizaban un allanamiento de morada sin orden judicial.
Con esto ya son diez los imputados en la causa, ya que Lucena se suma a Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martin Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos
Las querellas conformadas por el Comité de Prevención de la Tortura (CPTCh), la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la Defensa Pública Oficial, consiguieron su propósito de evitar la elevación a juicio y lograr que se incluya la imputación a Lucena.
Tal petición se debió a que Lucena fue reconocida en el material fílmico de las cámaras de seguridad de esa dependencia por los funcionarios policiales que prestaban servicio en el lugar. Se comprobó así que ella no detuvo los aberrantes hechos de violencia.
Por su parte, el Fiscal en lo Penal Especial en Derechos Humanos, Luciano Santos, había requerido la clausura de la etapa de investigación y la elevación a juicio de los nueve funcionarios policiales con imputaciones de detenciones ilegales, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica.
Finalmente, la jueza de Garantías, Rosalía Zozzoli, determinó que la fiscalía debía resolver sobre dicha solicitud previo a clausurar la investigación.
LOS HECHOS
El día 31 de mayo de 2020, aproximadamente las 04:30, efectivos policiales de la Comisaria Seccional 3° de la ciudad de Fontana irrumpieron violentamente y de manera ilegal en la vivienda de Elsa Fernández.
Ella se encontraba descansando con sus hijos, cuatro de ellos menores.
Los policías atacaron a esta familia de manera brutal, ejerciendo altos niveles de violencia física, verbal y psicológica y detuvieron a dos varones y a dos mujeres, una de ellas adolescente, sin justificación alguna.
El Comité de Prevención de la Tortura recuerda a las funcionarias, funcionarios, trabajadoras y trabajadores policiales la prohibición absoluta de torturas y malos tratos, la obligación de hacer cesar dichos actos cuando son cometidos por el personal sub-alterno, así como la obligación de denunciar inmediatamente la comisión de los mismos.
