Abogado de una de las víctimas de trata: "No estamos conformes con la condena, pedimos 20 años"
Ayer, el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y María Delfina Denogens, condenó a 15 años de prisión a la dirigente social Elida Mambrín por ser coautora de trata agravada en concurso real con un hecho de abuso sexual simple y otro gravemente ultrajante y con acceso carnal. Hechos que se perpetraban a través de la asociación civil "No me olvides".
Por el caso de explotación sexual, también fue condenada la secretaria de la ONG, Lorena Quintana a tres años en suspenso como partícipe secundaria del delito de trata de personas agravado.
Al respecto, Diario TAG dialogó con Italo Suligoy, abogado querellante, para conocer su reflexión tras la condena y las acciones que planean seguir ante el daño que se les ocasionó a las víctimas de los abusos perpetrados por Rolando "Kilo" Vallejo y su esposa.
"Nosotros no estamos muy conformes con la condena, pedimos 20 años de prisión cuando se le dio 15, dentro de lo normal. Tampoco estamos de acuerdo en que la señora siga cumpliendo la pena en su domicilio, es decir con arresto domiciliario. De todos modos, la sentencia se dejó a considerando y van a analizar la cuestión", expresó Suligoy. Más allá de eso, confirmó a este medio que no apelarán.
Cabe destacar que la sentencia fue en sintonía a la solicitada por el fiscal Federico Carniel, aunque la querella pidió 5 años más.
En lo que si se mostró conforme - "en líneas generales"- el abogado querellante tiene que con que la condena "desarticuló esta banda de personas que consumían la prostitución a través de planes sociales como el plan FOCO". Sin embargo, apela a resolver los "cabos sueltos" para determinar la responsabilidad del Estado.
"La otra parte es determinar cómo funcionaban las becas, cómo el Estado permitía que la becas que pertenecen a Desarrollo Social sean utilizadas por estas personas para la explotación sexual de las víctimas. Ahí el estado tiene una responsabilidad, les guste o no les guste ellos son responsables porque ellos permitían que esto pasara", dijo Suligoy.
Con ello, también busca una que "se le repare el daño que se les causó a las víctimas por los abusos sexuales, por el estado de vulnerabilidad y que el Estado, que es quien debe proteger a las víctimas, le dé una oportunidad". Es por eso que recurrirán al ámbito civil.
Listas de clientes
La fiscalía dejó abierta la posibilidad de que se investigue quiénes eran parte de esta organización y el abogado defensor de una de las víctimas de explotación sexual fundamentó su importancia. "Se quiere investigar a los fines de determinar la responsabilidad del Estado, aquí había empresarios y funcionarios. Estoy de acuerdo con que se determine y que además el Estado articule un plan para que esto no vuelva a ocurrir".
"Es una causa muy compleja en ese sentido, para nosotros no pero los jueces en la sentencia juzgaron a los imputados en esta causa y ellos todavía no entienden qué es lo que pasa con esta persona que utilizaban estas becas para la prostitución, cómo se organizaba esto todavía no se pudo determinar. Hay varios cabos sueltos que quedan ahora", concluyó.
