Transferencia irregular de vehículos: policías y "una funcionaria clave" entre los 16 involucrados

A fines de junio estalló la polémica por un nuevo y supuesto hecho de corrupción en la provincia, que fue denunciado por el propio Gobierno y que tiene que ver con la transferencia irregular de más de 250 vehículos en desuso del Estado mediante la falsificación de instrumentos públicos. 

Cabe destacar que la causa cuenta con dos denuncias en el fuero provincial y que son investigadas por el equipo fiscal especial, integrado por Graciela Griffith Barreto -fiscal de cámara principal del equipo-, Francisco de Obaldía Eyseric y Roberto Villalba. Dichos fiscales no solamente recaban declaraciones testimoniales sino todas las documentaciones que acrediten de años la preexistencia, primero de los vehículos y a partir de ahí hacer un seguimiento sobre cómo fueron quitados del erario público.

Víctor Adrián Veleff, titular del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, fue quien denunció el hecho ante la Justicia Federa ya que -advirtió- "los datos contenidos en el anexo del Decreto no coinciden con los presentados al seccional. No coincidiendo en el lote ni el Dominio, ni el vehículo, ni el adquiriente, observando además que hay varios vehículos mencionados en el decreto que tampoco se corresponden con el texto de la copia que me presentaran".

Dicha denuncia, competencia de la justicia federal, es investigada por el fiscal de ese fuero Patricio Sabadini quien explicó, en declaraciones a Canal 9: "La maniobra delictiva tiene que ver con falsedad ideológica de instrumento público, es por eso que la calidad, al ser del registro de la propiedad automotor, es de competencia de la Justicia Federal".

¿Qué investiga la justicia federal entonces? El uso y la facilitación de documentos de instrumento público, que tiene que ver con la maniobra investigada por la justicia provincial. "Son 16 personas que, de acuerdo cada uno a su rol y su intervención en el hecho punible, en las cuales se encuentran funcionarios públicos provinciales, martilleros, personal de las fuerzas policiales", señaló el fiscal.

Sabadini confirmó que los decretos -entre ellos el N° 3261 del 2015- son originales pero que "lo que se estima o sospecha es que se fraguó anexos con algunas contradicciones muy llamativas", entre ellas "transferencias que se hicieron a empresas que al momento del hecho no estaban constituidas".

"Gama de maniobras"

Con el avance de la investigación, y a raíz del estado público que cobró la denuncia, el funcionario judicial aseguró que se siguen sumando "una gama de maniobras". "Enlas últimas horas tomé conocimiento de que no solamente en la jurisdicción, sino que hay registro de otras jurisdicciones que están pendientes de aprobación".

Sobre los funcionarios públicos involucrados

Pese a no brindar mayores detalles sobre quiénes son los involucrados, Sabadini si precisó detalles de una de las involucradas y mencionó a "una funcionaria clave del Gobierno provincial que tiene que ver con la estructura de empleados públicos del Gobierno, que es la encargada de velar o la garante de velar que estos trámites de ventas y de remates de estos bienes en desusos".