El Consejo Profesional de Abogados de Resistencia pide la colegiación legal de los abogados en Chaco
El Consejo Profesional de Abogados de Resistencia emitió un comunicado relativo al proyecto de ley de colegiación legal de los abogados en Chaco.
A continuación, el comunicado completo:
Es la convicción de nuestra institución profesional que la mejor forma posible de organización del ejercicio profesional de la abogacía, como de cualquier otra profesión liberal, es la colegiación legal. Esa forma de organización supone que el Estado delega en una organización que crea al efecto, el COLEGIO PÚBLICO, la competencia para la organización de la matrícula profesional y para que sean los propios matriculados los que ejerzan el control del ejercicio de su profesión. Se trata de realizar en los ámbitos profesionales los mismos principios de autogobierno democrático y de gobierno representativo que rige en los ámbitos más elevados de la comunidad política y que han sido vistos desde siempre como los que más respetan la dignidad de las personas humanas, otorgándoles la posibilidad de tomar sus propias decisiones, en libertad y mediante el intercambio racional de ideas.
Es curioso que hasta ahora hayamos sido precisamente los abogados quienes en Chaco más resistimos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones como grupo profesional, prefiriendo la tutela del Estado, negándonos a todo control efectivo sobre la ética de nuestro ejercicio profesional y desinteresándonos de toda alternativa para trabajar juntos por el mejoramiento de nuestras condiciones profesionales. Por supuesto que si tan poco interés teníamos por nuestras condiciones de trabajo profesional, menos todavía parecía interesarnos la calidad de nuestros servicios profesionales de cara a la sociedad a la que se los prestábamos, en tanto esa sociedad no tiene hoy mecanismos eficaces para ejercer un control efectivo sobre nuestra conducta profesional.
Celebramos entonces que ahora podamos nuevamente discutir el modelo de organización que queremos para nuestra profesión a partir del proyecto de ley presentado por gran parte del Bloque del Frente Chaco Merece Más, proponiendo la derogación del régimen legal hoy vigente e instaurando la colegiación legal de la abogacía en la Provincia del Chaco.
Ojalá podamos esta vez dar una discusión sería y productiva sobre los aspectos reales de la colegiación legal, dejando de lado las críticas que no por rancias llegan a ser verdaderas, a saber: la colegiación legal no es inconstitucional, en tanto que ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de forma unánime, criterio que no ha variado en el ámbito interamericano donde igualmente fue convalidada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, véase por ejemplo el caso "Ferrari". También esperamos que se abandone el fantasma de la onerosidad del sistema, porque el proyecto de ley que se ha presentado contempla un monto absolutamente mínimo, tanto porque cualquier base económica es discutible y su decisión queda además, siempre, en manos de los propios matriculados. Muy distinto a lo que pasa hoy donde nuestra matrícula es una tasa más de las que unilateral y discrecionalmente fija el Estado, en este caso el Superior Tribunal de Justicia, sin consultarnos ni participarnos. En igual sentido el proyecto de ley presentado consagra una solución que siempre propiciamos para desalentar cualquier obstáculo económico en los momentos iniciales del ejercicio profesional: la exención del pago de la matrícula para los noveles profesionales, por un plazo razonable que les permita comenzar y asentarse en el ejercicio profesional. Para el resto de los profesionales, prevé el pago de una suma anual ínfima, con la salvaguarda de que la propia ley fija un tope que nunca podrá superarse salvo que medie reforma legislativa, es decir que los aumentos no están siquiera al alcance de los órganos directivos del Colegio Público que se crea. La cuestión económica es simplemente una excusa que se ventila con fines de asustar a quienes piensan que la colegiación legal encarecerá el ejercicio profesional, sin detenerse en contar los enormes beneficios que reporta para los profesionales matriculados y desconociendo en el caso concreto la regulación que propone una suma anual accesible para todos, limitada además por un tope legal que le impide incrementarse. El proyecto agrega la obligación de otorgar becas para favorecer la integración de los colegas con dificultades, especialmente noveles, generando un sistema solidario que es precisamente todo lo opuesto a la total indiferencia por quienes enfrentan dificultades que es el móvil de muchos de los que se oponen a la colegiación legal, precisamente porque están más cómodos compitiendo desigualitariamente con los profesionales que recién se inician o que no provienen de sectores privilegiados.
De la misma manera esperamos que no se agite el mito de la imposibilidad de que los abogados podamos juzgar nuestra propia ética, prefiriendo así que la ética de los abogados sea impuesta por los jueces. La ética profesional se nutre de las pautas que una comunidad de profesionales entiende como las ideales y aceptables para el adecuado y correcto ejercicio de esa profesión liberal, razón elemental por la cual en su juzgamiento deben intervenir los que practican esa profesión, no quienes son abogados pero no ejercen esa práctica. Renunciar a ese esencial derecho a ser juzgado por los propios pares se pone de mientes con la hoy asumida institución de los jurados populares, donde todos hemos visto y asumido la importancia de que las normas sean establecidas en su aplicación final a partir de la intervención de las mismas personas a quienes van dirigidas, sin necesidad de acudir al elitismo que supone que solo los jueces pueden hacerlo. Los abogados debemos abandonar ese mismo elitismo que confía más en los jueces que en nuestros propios colegas.
La colegiación legal brinda a los profesionales matriculados la posibilidad de ejercer una defensa institucional unida, dotada de efectiva fortaleza de medios para formular reclamaciones, propuestas y exigir la intervención en cualquier instancia donde se encuentren los intereses de los abogados y las abogadas, como cortapisas del cuestionamiento a nuestra legitimación y representatividad. No podemos renunciar al interés innato que tiene cualquier grupo de personas nucleados en torno a intereses comunes a bregar por el mejoramiento de las condiciones en que desarrollan esa profesión que los vuelve pares, prefiriendo un individualismo que nos desampara, sobre todo a los noveles y a los que cuentan con menos recursos para intentar una integración igualitaria.
Finalmente debe advertirse que esta regulación del ejercicio profesional no puede quedar presa de la oposición corporativa de una parte de la abogacía que resiste la adaptación al sistema de autogobierno y control de la ética profesional por los propios pares de la profesión. Es que se encuentra implicado aquí el interés público que excede notablemente al simple interés de quienes no quieren verse controlados, por lo cual el asentimiento de todos los destinatarios directos de la regulación profesional no puede ser un obstáculo para que el Legislador asuma y haga operativa la evidente faz de política pública que tiene esta cuestión, mucho menos cuando así lo ha hecho para el resto de las profesiones y oficios que ha resuelto colegiar. La colegiación legal es también una garantía para los justiciables, en cuanto les asegura mecanismos eficaces y a su alcance para controlar la actuación de los profesionales a los que confía sus derechos y libertades, a la vez que favorece la institución de espacios de consulta y asistencia jurídica gratuita que son considerados esenciales para promover el acceso a la justicia.
Todo lo que hay en el proyecto de ley que se ha presentado puede ser seguramente mejorado si el norte que nos inspira es la búsqueda sincera de la mejor forma de organizar nuestra profesión, sin descuidar la atención por los destinatarios de esa práctica profesional, a quienes el Estado también debe brindar protección, sin ceder ante la presión de quienes prefieren mantenerse al margen de todo control y a la vera de cualquier acción colectiva solidaria.
Ratificamos por ello nuestro compromiso con el debate público, porque estamos convencidos de que la colegiación nos mejora, como profesionales y como ciudadanos.
