Rechazo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco a proyecto legislativo
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco expresó su rechazo al proyecto de Resolución presentado por diputados del Bloque Justicialista en el que proponen avanzar con un jury contra los jueces que intimaron al Poder Ejecutivo y Legislativo. Consideraron que el mismo "constituye un directo ataque a la independencia judicial y evidencia en forma manifiesta la voluntad de no cumplir con los deberes que constitucionalmente se encuentran a cargo de ese poder, prolongando una grave situación irregular que lleva años sin resolverse".
El comunicado continúa así:
La sentencia dictada en la causa "Alonso de Martina" por parte del Superior Tribunal de Justicia Ad Hoc constituye el modo institucional de remediar una situación que violenta reglas fundamentales: art. 154 de la Constitución Provincial que establece garantías para la independencia del Poder Judicial como expresión del principio republicano, y el art. 5 de la Constitución Nacional que obliga a los Estados provinciales a garantizar el sistema representativo republicano de gobierno y a asegurar la administración de justicia.
La misma tuvo lugar luego de agotarse todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Precisamente este tribunal estableció que los Poderes Legislativo y Ejecutivo provincial no cumplieron con el deber constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial al no asegurar la vigencia de la intangibilidad de las remuneraciones de los integrantes de este último poder.
La AMFJCH exhorta a que se asegure para todo el pueblo chaqueño la independencia judicial respecto del Poder Legislativo y Ejecutivo, y de cualquier grupo de interés, permitiendo que el servicio se pueda prestar sin ningún tipo de presión o condicionamiento; demostrando este proyecto una clara intención de sometimiento que se traslada a toda la magistratura.
La garantía por la que velamos resulta particularmente trascendente para la ciudadanía en general ya que brinda la posibilidad de que reciba un servicio de calidad, profesionalizado y por personas altamente capacitadas. La importancia de la intangibilidad fue expresamente reconocida por quien fuera Ministro de Gobierno de la provincia, Juan Manuel Pedrini, que en una audiencia pública (06/07/2012) celebrada en la referida causa judicial expresó que: " son vergonzantes los salarios de los jueces, y atentan contra el buen acceso a la justicia"; expresión que cita textualmente en su sentencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El respeto a esta garantía cuyo último beneficiario es la sociedad en general es un deber que la Constitución Provincial pone a cargo del Poder Legislativo y Ejecutivo, y actualmente se encuentra incumplido. Es por ello que ante esta situación mediante la referida sentencia se exhortó a dichos poderes a que adopten una decisión compatible con la Constitución Provincial (CP)y Constitución Nacional (CN), que restablezca la referida intangibilidad y asegure que no se vuelva a producir en el futuro una nueva violación; al mismo tiempo que se estableció una compensación quienes reclamaron los perjuicios que se derivan de la referida mencionada legislativa. Esta sentencia se dictó como consecuencia de las atribuciones propias del Poder Judicial (art. 161 de la Constitución Provincial y art. 1 y 3, Ley 1-B) y respetando la división de poderes; y su cumplimiento se lleva a cabo también en ejercicio de atribuciones que son propias del Poder Judicial.
La importancia que el conflicto señalado precedentemente tiene para la sociedad en general merece y exige que quienes se desempeñan en los poderes del Estado solucionen el mismo mediante el diálogo franco y de buena fe, con respeto por las reglas, instituciones y personas que los integran, y para ello quienes desempeñan funciones en tales poderes, incluidos los integrantes del Poder Legislativo deben estar a la altura institucional que demanda la cuestión, asegurando por medio de su atribuciones un servicio de justicia independiente y calificado.
Por lo que el proyecto de resolución presentado que pretende dar instrucciones al representante legislativo ante el Consejo de la Magistratura para iniciar un "Jury de Enjuiciamiento" a los integrantes de este Tribunal Ad-Hoc, constituye una clara presión y avasallamiento de la independencia judicial, no sólo a estos jueces, sino a toda la magistratura y, afectara el buen e imparcial servicio de justicia para toda la ciudadanía.