Las "facturas truchas" complican al exsenador chaqueño Biancalani: confirmaron su procesamiento
Este jueves se conoció la resolución con la que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió el pasado martes confirmar los procesamientos del ex senador Fabio Biancalani, el empresario Lázaro Báez y los de Claudio Fernando Bustos, Julio Enrique Mendoza y Jorge Chueco, este último también conocido por ser el abogado de Báez.
La Justicia Federal los investiga por "evasión agravada por el uso de documentos apócrifos" en la que está vinculada la empresa "Sucesión de Adelmo Biancalani" y por la que en 2020 fueron procesados.
Los imputados de dichos delitos apelaron la decisión de primera instancia, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia intervino y finalmente no hizo lugar a los recursos presentados, confirmando la primera Resolución de procesamientos.
El fallo está firmado por las juezas de Cámara María Delfina Denogens y Rocío Alcalá y del juez Juan Manuel Iglesias.
Procesamiento
El juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó en diciembre de 2020 al exsenador por Chaco Fabio Darío Biancalani y a otras tres personas vinculadas a la supuesta operatoria delictiva que desarrolló durante años la empresa constructora "Sucesión de Adelmo Biancalani", que integra el emporio de constructoras de Báez.
Bosch, en aquella resolución, aseguró que "se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, el despliegue de supuestas maniobras ardidosas por parte de los responsables de la Sucesión de Adelmo Biancalani, para inducir a error en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al incluir en sus [declaraciones juradas] datos falsos respecto de la composición de su patrimonio y determinación del impuesto, el cual fuera sustentado en documentación falsa".
La presunta operatoria delictiva se habría desarrollado entre Austral Construcciones –como empresa controlante del holding de Báez- y "Sucesión de Adelmo Biancalani", como firma controlada, con epicentro de operaciones en la provincia.
En ese sentido, explicó Bosch, "se ha podido constatar la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública".
En aquella resolución se dispuso embargos por $ 52 millones, suma que estimó necesaria para, de resultar condenados, afrontar el presunto perjuicio causado a las arcas públicas.
