Livio Gutiérrez detalló el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Transición Energética

El diputado Livio Gutiérrez explicó que "pretendemos mediante el Proyecto de Ley Nº 308/2021 que el 20% de lo recaudado por Cargo Tarifario Específico, creado por el Decreto 2634/09, y administrado por el Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica (FFIE), sea destinado para el otorgamiento de créditos a micropymes, pymes y usuarios de viviendas familiares que deseen realizar una transición energética hacia las energías renovables y tecnologías limpias, o usuarios residenciales que realicen obras o refacciones de aislamiento térmico en sus viviendas que permitan reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética".

"Se entenderá como energías alternativas renovables a las descriptas en la ley 2671-K que crea el ‘Programa Provincial de Incentivos para la Generación y el Uso de Energías Renovables, Alternativas o Blandas en todo el territorio de la Provincia del Chaco’, definidas como el sol, el viento, el biogás, la biomasa, la geotermia, la mini-hidráulica y toda otra que científicamente se desarrolle manteniendo las cualidades básicas que distinguen a este tipo de energías", detalló.

En este sentido, precisó que "los créditos que se otorguen para la adquisición de equipos para la generación y uso de energías renovables, alternativas o blandas serán acordados previa presentación de un proyecto a la autoridad de aplicación, que difundirá las especificaciones técnicas y los requerimientos financieros para su otorgamiento, y serán financiados en 12 y 18 cuotas sin intereses".

"En el caso de obras y refacciones para mejorar el aislamiento térmico los créditos serán aplicables a viviendas familiares individuales o en edificios de viviendas cuyo tamaño habitable no supere los 120 m2, pudiendo los proyectos incorporar una mejora de la iluminación e instalaciones eléctricas o del aislamiento térmico de una vivienda familiar, o ambos combinados", sostuvo Gutiérrez.

Y agregó: "A los fines del otorgamiento de créditos podrán los usuarios y consumidores optar por presentar proyectos conjuntos o en comunidad con vecinos, integrantes de un barrio o un parque industrial cuando los miembros no sean particulares sino pequeñas empresas, bajo la figura de ‘comunidad de transición energética’, otorgándose al proyecto presentado prioridad por el impacto mayor que logrará en el avance hacia la transición que promueve la presente norma".

"Los créditos otorgados serán hasta un 60% de la inversión general en el caso de adquisición de equipos para la generación y uso de energías renovables, alternativas o blandas y de un 40% de la inversión para el caso de obras de refacciones para mejorar el aislamiento térmico de hogares o mejora de la iluminación e instalaciones eléctricas. Los porcentajes señalados precedentemente se incrementarán en un 20% en el caso de personas con discapacidad, personas que tengan más de 65 años, o sean viviendas rurales en municipios con menos de cinco mil habitantes", indicó.

Además, mencionó que "estos deberán otorgarse prioritariamente a los proyectos que acrediten fehacientemente mayor porcentaje de integración de componente nacional o provincial"; y continuó: "Los fondos recaudados correspondientes al pago de las cuotas de los créditos otorgados se reaplicarán al programa y servirán para otorgar nuevos préstamos a los mismos fines y efectos".

El legislador aclaró que "en Argentina sólo el 11% de la producción de energía proviene de fuentes renovables, a lo que se suma que un 33% de esa energía se pierde por su transformación o distribución. La provincia del Chaco viene declarando la emergencia energética desde el año 2010, y actualmente la situación de un colapso energético, con una empresa provincial prácticamente quebrada económica y financieramente".

"La Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) deben ser un faro en la materia. Debe reconvertirse la matriz energética para que sea sustentable, sostenible a lo largo de generaciones de chaqueños. En ningún caso una emergencia puede durar más de una década sin que se tomen medidas de largo plazo para salir del círculo vicioso", ilustró Gutierrez.

Asimismo, señaló que "en el informe para audiencias públicas emitido por Fiduciaria del Norte S.A., encontraremos en el detalle de gastos que el cargo creado y abonado por los usuarios no necesariamente se destinó específicamente a obras de infraestructura destinadas a aumentar la capacidad de transmisión o distribución de energía. Como en todos los casos prevalecen ‘ciertos gastos relacionados’ que podrían ser de cuestionable aplicación o que su finalidad no mejora necesariamente el servicio de energía eléctrica brindado por la empresa SECHEEP y que 10 años de emergencia lo demuestran".

"Debemos recordar también que el cargo específico variable fue sufriendo aumentos a lo largo de estos 10 años, sin embargo  las obras proyectadas para el mismo según anexo II del decreto original deberían haberse terminado en el año 2015, entendemos que es necesario darle un destino que permita avizorar una solución final a los usuarios y también permita el acceso a una energía limpia y segura a sectores vulnerables o sectores de la administración pública alejado de los grandes centros urbanos como escuelas rurales hacer una transición energética", finalizó Livio Gutierrez.