La Justicia dio lugar al recurso de amparo presentado por concejales contra la ordenanza tributaria

Se conoció la resolución de la Justicia chaqueña, la cual en base a la presentación realizada por cinco concejales de Resistencia, determinó: "Téngase por promovida la Acción de Amparo" contra la Municipalidad y el Concejo, para el caso de la aprobación de la nueva Ordenanza Impositiva y Tributaria para el año 2021, N°13.477 y sus anexos.

De esta manera, el Tribunal de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo integrado por las juezas Natalia Prato, presidente, y Silvia Geraldine Varas, "da por justificada la urgencia y posibilidad de que existan restricciones, se alteren, amenacen o lesionen con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional, Provincial, Carta Orgánica y demás legislación aplicable".

Con esta resolución, la Justicia admitió el procedimiento del "Amparo", para atender el pedido de revisión judicial de los actos de las autoridades municipales, "en la sanción de la ordenanza que establece el valor de los impuestos, tasas y patentes municipales, quedando pendiente de resolución de la medida cautelar solicitada, para la que podría generarse mejores condiciones de juzgamiento, con el acceso a la información que debería enviar el gobierno municipal, a solicitud del Tribunal".

"Nos moviliza en este sentido la situación, ya que observamos que este tipo de irregularidades, que se vienen repitiendo, recae y perjudica directamente el patrimonio, los ingresos y de vulnera derechos de las y los ciudadanos contribuyentes", expresaron los concejales.

Los concejales Carla Cantero, María Teresa Celada, Alicia Frías, Carlos Salom y Fabricio Bolatti, también observaron por "irregularidades y finalmente las denunciaron ante el Superior Tribunal de Justicia, el procedimiento legislativo y el contenido de la ordenanza N°13476 de Presupuesto General de Municipio 2021, la que incluye delegación de facultades y concentración de poder en cabeza del Intendente, lo que está expresamente prohibido en la C.P. y la Carta Orgánica. En este caso, la denuncia está a la espera de las primeras resoluciones judiciales por parte de la máxima autoridad de ese Poder".

Para el caso de la Tributaria e Impositiva, ordenanza N13477, señalaron que "se han incumplido y vulnerados 23 artículos de la principal legislación vigente,  incumplimiento que se contrapone a dos principios generales de la tributación, ‘legalidad y debido proceso’, los que han sido definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ‘aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución para ello, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas’".

"Denunciamos un claro ejercicio de arbitrariedad con alto grado de ilegalidad en el desarrollo de las Sesiones, y más aun a la hora de que se expresen las distintas opiniones o posiciones de las y los representantes a través del debate y la votación", remarcaron y agregaron: "En la práctica asemejamos la situación al caso de que la autoridad pública avanza o arremete en contra de la normativa vigente como si fuera una cuestión menor, y actúa fundado en su propio criterio."

"Creemos que declarar la inconstitucionalidad de ambas ordenanzas denunciadas -prórroga tributaria y presupuesto–, trascienden la necesidad de corregir un "aspecto o duda" legal que se distancia de las normas principales, generando perjuicios a la comunidad", manifestaron.

Además, comentaron que "Para este caso, dada la profundidad de las irregularidades y su reiterado ejercicio por parte de las autoridades legislativa y ejecutiva del Municipio, entendemos que está en juego la Institución Municipal, la Democracia Local, el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, las condiciones básicas para que las y los Concejales "no alineados" puedan ejercer su función o rol que les delegó su pueblo a través del voto, y más".

Finalmente, señalaron: "Hacemos lo que está a nuestro alcance como ediles ‘castigados’ por el ‘Poder local’, para cumplir nuestro rol, y esperanzados en que las demás autoridades que tengan o puedan intervenir, quieran poner en valor la Constitución y la Carta Orgánica que supo el pueblo de la ciudad de Resistencia generar vía electas y electos Constituyentes en el año 2000, y que dentro del respeto a las mismas, sigamos desarrollando entre todas y todos, una comunidad cada vez más justa, equitativa, inclusiva y democrática".